Fuck You, Tiger

Ya que tienen ganas de hablar del tema de la semana, hablemos del tema de la semana.

Una vez estuve esposado frente a un juez, un hombre extraordinariamente joven para su cargo. Tuve suerte y no me fue mal porque, a pesar de mi total inexperiencia penal, declaré razonablemente bien por lo que salí caminando del juzgado junto a tres amigos sin mayor daño que una fea mención en mi expediente. Otros cuatro amigos que estaban en el mismo trance no tuvieron tanta suerte y fueron procesados por tenencia y suministro de estupefaccientes y condenados a una pena de uno a tres años de prisión. Los habían agarrado con aproximadamente 45 gramos de marihuana, es decir, una cantidad insignificante. Era todo lo que tenían entre los tres y al hacerse cargo de su pertenencia terminaron incriminándose mutuamente por error.

Los abogados, uno público y el otro contratado, estaban pálidos. Simplemente no podían creerlo, no podían creer que un juez aplicara la pena máxima para suministro y tenencia en una primera falta. Primera falta que era, evidentemente, no un caso de tráfico sino simplemente de un grupo de jóvenes estudiantes, apenas mayores de edad, que estaban de vacaciones en un balneario remoto y que se habían llevado una cantidad insignificante de porro para consumo propio.

Uno de los abogados, temblando de rabia, nos explicó que el juez estaba haciendo una suplencia de verano, y quería anotarse algunos procesamientos que le dieran una imagen de duro ante sus superiores. Nada más que eso, y tres tipos cuyo mayor acto criminal había sido hasta el momento jugar al fútbol en la calle se fueron a la cárcel con una pena -que por suerte (o más bien porque venían de familias más bien adineradas) fue apelada, revisada y minimizada a un mes algunas semanas más tarde- digna de una rapiña o un copamiento. Mientras esperábamos afuera el mismo juez despachó con una pena similar a otros tres pendejos que le habían robado la ropa interior a una vecina de carpa para hacerle una broma. Siete jóvenes en cana por nada, siete anotaciones para un juez novel pero "duro". Nada mal para una suplencia de una mañana.

Los días anteriores había aprendido mucho sobre la policía, ese día aprendí mucho sobre la justicia. También aprendí a odiar y a desear la muerte y el horror ajeno con una intensidad que no conocía.

(Hace unos días una amiga me contó un caso idéntico acontecido en Montevideo Rock 2, aquella fiesta de rock y democracia, sólo que con un final más triste: mientras mis amigos fueron recluídos en la relativamente amable cárcel de Rocha, los de ella fueron directo para el siniestro Penal de Libertad)

Todo esto viene, claro está, a cuenta del procesamiento en suspenso del contador Eduardo Zaindenstat por haberse atrevido a decir que si todos los jueces fueran como el dudoso juez Eguren, Uruguay sería una república bananera. Para mí Zaindenstat estuvo muy mal; hay repúblicas bananeras mucho más serias que Uruguay y que no merecen ser puestas como ejemplos de corrupción. Unos días antes el periodista Gustavo Escanlar había merecido una pena similar cuando se le ocurrió decir, no como periodista sino como entrevistado, que Federico Fasano -esa suerte de Ciudadano Kane sin grandeza que se ha convertido en el autoproclamado portavoz de la izquierda mientras tritura cualquier intento de sindicalizar su amarillísimo diario- era un "hijo de mil putas", opinión que parecen compartir la casi totalidad de las personas que trabajaron para él.

Los uruguayos tienen la costumbre irreflexiva y coaccionada de creer en la incorruptibilidad e infalibilidad del Poder Judicial sin que haya realmente evidencia de ninguna de ambas cosas. De hecho es el mismo Poder Judicial que aprobó una ley anti-constitucional y contraria a todos los tratados internacionales de derechos humanos por donde se la viera como la Ley de Caducidad. Es el mismo Poder Judicial que se ha inclinado hacia la dirección en la que sopla el Ejecutivo desde hace años, el mismo que declaró "cosa juzgada" el caso Bordaberry, el criminal de crímenes más evidentes de toda la historia del país y que sin embargo nunca fue procesado por ellos.

El mismo Poder Judicial que ha exonerado a tratantes de blancas atrapados in fragranti(pero con buenas conexiones en el mismo), que ha mantenido reuniones totalmente irregulares con operadores del aparato político en coquetos clubes de la costa, que tiene presos sin condena y sin un proceso digno de tal nombre a cerca de la mitad de los habitantes de las cárceles, que se votó a sí mismo una excepción de los topes jubilatorios que le impuso a todos los demás uruguayos más allá de lo que hubieran aportado en su vida laboral, que mantuvo a todos sus integrantes electos durante -y colaboradores de- la dictadura. El mismo que puso todos los palos en las ruedas posibles a los abogados que durante la misma intentaban defender los derechos de los prisioneros, el que sigue sin reconocer los derechos laborales de cientos de presos y exiliados a causa de dicha dictadura, el que procesó a cuatro pelotudos graffiteros por "sedición" en plena democracia, que envió al Penal de Libertad -también en plena democracia- a un desgraciado cantante al que se le ocurrió berrear "nos cagaremos en el parlamento" en una canción. El que ha construido evidentemente una relación corporativa entre fiscales y jueces que los hace protegerse mutuamente con la saña que uno supondría que deberían defender la igualdad ante el mismo. El incuestionable. Ese mismo Poder Judicial. Esa garantía, esa porquería.

El caso Z puede tener su lado bueno; es evidente que para la gente todo esto fue demasiado, demasiado absurdo. Cuando se exonera de castigo a un grupo de evasores de cerca de 50 millones de dólares y se castiga a quién dice que eso no está bien, no se puede hablar de democracia, ni de libertad de expresión, ni de las simulaciones de ambas cosas a las que estamos acostumbrados. No se puede hablar de nada, lo cual es demasiado hasta para una administración con tan poco amor a la libertad como esta. Los periodistas han sido desde el fin de la dictadura víctimas de su prolongación mediante las leyes de desacato, de injurias y de atentados al honor. Puede ser que ahora que la víctima ha sido un valioso peón del aparato político, a algún legislador se le ocurra que dejar semejantes armas de opresión legal de la opinión en manos de una sola persona, sea un demandante o un juez, es una atrocidad que ni en este país absurdo puede seguir adelante.

Ojalá que la gente se de cuenta de la diferencia entre hablar y hacer, y empiece a abrir los ojos acerca del monstruoso aparato de poder burocrático-corporativo en el que se convirtió el supuesto garante de nuestros derechos. Si eso se da al menos en parte, entonces todo esto puede haber sido positivo. Pedir justicia sería demasiado.